La administración de Alejandro García Padilla se propone retirar de la banca privada cerca de $2,800 millones en fondos públicos para depositarlos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en un intento de inyectarle liquidez a la institución y de espantar un poco más el fantasma de degradación que persigue al crédito del gobierno.
La medida, que ya fue avalada en el Senado sin que se hubiesen celebrado audiencias públicas, podría afectar la capacidad de los bancos para conceder financiamiento para viviendas, préstamos comerciales y personales, debido a que los depósitos bancarios de todas las agencias, las corporaciones públicas y los municipios ascienden a $2,774,553 millones hasta el pasado mes de septiembre, según datos ofrecidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
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