Senado investigará el uso de horas extras en las agencias

El Senado investigará mañana el uso de horas extras en las corporaciones públicas, y las razones por las que se les requiere a los funcionarios laborar tiempo adicional a su jornada regular de trabajo.

La Comisión senatorial de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos está a cargo de la investigación, que surge como parte de la Resolución del Senado 662, de la autoría del senador popular Luis Daniel Rivera Filomeno.

“El propósito es identificar las causas que provocan tal gasto público y determinar el mejor uso posible del tiempo extra en dichas agencias conforme a nuestras realidades fiscales”, explicó Rivera Filomeno, senador por el Distrito de Carolina y quien también preside la comisión legislativa.

“También queremos identificar las medidas comunes que podrían ser implementadas para reducir tal gasto, o la necesidad de contratar empleados regulares para tales tareas, si con ello se mejoran los servicios públicos. Estamos buscando ser más efectivos con menos recursos”, detalló el legislador en declaraciones escritas.

La vista pública comienza este lunes, a las 9:00 a.m., en el salón Roberto Rexach Benítez del Senado, y están citados la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y la Hermandad de Empleados de Oficinas, Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico.

Según la resolución, “es de conocimiento general que uno de los gastos extraordinarios en las corporaciones públicas resulta ser el pago de horas extras, el cual viene registrando un marcado aumento en los últimos años”.

"La investigación debe considerar si el tiempo extra recurrente en ciertos servicios públicos de esas corporaciones, es la falta de una supervisión adecuada o si, por el contrario, es el resultado de la necesidad de contratar empleados regulares para tales tareas", reza la medida.

Durante la vista, también se evaluará la Resolución del Senado 641 para investigar el alcance de los diferentes convenios colectivos bajo la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público” (Ley 45-1998) con el fin de fomentar la mayor uniformidad posible dentro de los recursos económicos del estado.