La administración de Alejandro García Padilla se propone retirar de la banca privada cerca de $2,800 millones en fondos públicos para depositarlos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en un intento de inyectarle liquidez a la institución y de espantar un poco más el fantasma de degradación que persigue al crédito del gobierno.
La medida, que ya fue avalada en el Senado sin que se hubiesen celebrado audiencias públicas, podría afectar la capacidad de los bancos para conceder financiamiento para viviendas, préstamos comerciales y personales, debido a que los depósitos bancarios de todas las agencias, las corporaciones públicas y los municipios ascienden a $2,774,553 millones hasta el pasado mes de septiembre, según datos ofrecidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Esta cantidad de fondos representa el 6% de los $47,051,048 millones de fondos depositados en los siete bancos privados que operan en el país. Otro aspecto que podría ser motivo de controversia es que las entidades públicas quedarían sin acceso a los múltiples servicios financieros que ofrece la banca privada y que el BGF no provee, pues sus servicios están limitados a proveer financiamiento al gobierno.
Según el Proyecto del Senado 857, el BFG le debe garantizar a las entidades públicas intereses competitivos por sus depósitos, los cuales se comenzarán a trasladar al banco inmediatamente después de que la medida sea convertida en ley. Esto debería ocurrir tan pronto sea aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por el Primer Ejecutivo. Se espera que ambos eventos ocurran durante la próxima sesión extraordinaria, que comienza en enero.
El economista y profesor de finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Colón de Armas, sostuvo que la acción del gobierno de extraer los depósitos públicos de los bancos afectará la capacidad de esas instituciones para ofrecer financiamiento en todas sus modalidades, especialmente el financiamiento hipotecario, luego de que el gobierno de los Estados Unidos le requiriera a los bancos nuevas exigencias de capital y de reservas para este tipo de préstamos.
“Es indudable que al retirar depósitos, se afecta la capacidad de los bancos para ofrecer préstamos, pues el dinero para prestar surge de los depósitos”, sentenció Colón de Armas.
El economista indicó que la medida pone de manifiesto la falta de dinero en efectivo del BGF, pero señaló que la solución propuesta –atraer al banco todos los fondos públicos depositados en la banca privada– no es la manera adecuada de enfrentar el problema.
“Lo que hay que hacer es cortar gastos”, dijo de manera escueta.
Doble golpe
Colón de Armas sostuvo que la capacidad prestataria de los bancos se afectará en la misma proporción de los fondos públicos retirados por el gobierno de esas instituciones. Agregó que una degradación del crédito del gobierno afectaría doblemente a la banca privada porque, además del retiro de los depósitos públicos, estas instituciones sufrirán una notable merma en el valor de las inversiones que hayan efectuado en los bonos del gobierno.
“Por esa razón es que retirar depósitos de los bancos no es la solución a la falta de efectivo del BGF, porque con menos financiamiento, más se va a afectar la economía. La solución es cortar gastos”, observó el economista.
Por su parte, Arturo Carrión, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), indicó que, de ser aprobado el Proyecto 857, la liquidez del sistema bancario privado se reducirá debido al retiro de los fondos públicos. Carrión sostuvo que el efecto en la oferta de financiamiento a los consumidores “dependerá del modelo de negocios de cada una de las instituciones bancarias”. Esto significa que los efectos de la merma de fondos públicos en los bancos repercutirá según el uso que esas instituciones le tenían asignado a esos fondos, en otras palabras, si lo usaban para conceder préstamos o para inversiones.
“Si van a sustituir esos fondos con fondos comprados, si van a ir al mercado (de bonos) o si van a reducir su cartera de préstamos o su cartera de inversiones, eso dependerá del modelo de negocios de cada institución y de la estructura financiera de cada una de ellas”, dijo Carrión.
El comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, indicó que las agencias se podrían afectar al momento de solicitar determinados servicios que ofrece la banca privada y para los que el BGF no posee la infraestructura tecnológica y de servicio.
“No estoy claro si al transferir esos depósitos al BGF, las agencias públicas o las corporaciones públicas podrían recibir los mismos servicios que reciben en la banca privada… si alguien se puede afectar son las mismas agencias que han de requerir algún tipo de servicio para el que el BGF no esté preparado”, indicó.
Blanco reveló que ni la Legislatura ni la Fortaleza le habían solicitado su opinión sobre la medida. “Conozco el proyecto, pero no he visto como terminó en su versión final”, señaló.
No obstante, el comisionado dudó de que el retiro de los depósitos públicos de la banca “pueda ser uno dramático” y rechazó que la capacidad prestataria de la banca se vea afectada.
“Por ley, la banca privada tiene que poner un dólar de colateral líquido por cada dólar que reciba del gobierno en depósito. Esos depósitos (los bancos) los respaldan con algún valor que esté en la categoría líquida, como bonos de Puerto Rico o de los Estados Unidos, que son bonos que están disponibles para usarlos cuando se necesiten. Esa colateral ya la tienen en su cartera de inversiones y no habiendo el requisito de colateral (tras el retiro de los depósitos del gobierno) la pueden usar para conceder préstamos. Además, no debería haber un mayor impacto en la liquidez de los bancos”, dijo Blanco.
En contradicción a los planteamientos esgrimidos por el comisionado de la OCIF, Carrión sostuvo que la llamada colateral “es posible que no esté a la par” con el monto de los depósitos.
El ejecutivo también llamó la atención sobre los efectos que tendría en el gobierno la ausencia en el BGF de los múltiples servicios financieros que ofrece la banca comercial.
“El proyecto incluye todo, los depósitos y las cuentas operacionales. Nos preocupa, y puede causar un impacto importante en el lado operacional de las agencias, porque el BGF no tiene sucursales y no tiene los servicios bancarios, financieros y comerciales que continuamente usan las agencias en los bancos en sus cuentas corrientes para el uso operacional de día a día. Además, el BGF no tiene la estructura que tiene la banca comercial para manejar los volúmenes que tienen algunas de estas agencias”, indicó Carrión.
Señaló que la ABPR aspira a que el crédito del gobierno no sea degradado y en esa perspectiva, el Proyecto 857 pretende inyectarle liquidez al BGF. “Sabemos que la situación del banco es delicada, pero nos preocupa el lado operación de las agencias porque el BGF no está preparado para ofrecer esos servicios”, indicó.
En las cooperativas
Sergio Ortiz, presidente de la Junta de Directores de la Corporación para Supervisión y Seguro de las Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), confirmó que los $240 millones que tiene la entidad en la banca privada pasarían al BGF. Ortiz dijo que espera que el BGF le ofrezca los mismos intereses que ofrece la banca privada y advirtió que hay pocos fondos del gobierno depositados en algunas cooperativas, que no pudo identificar. “Hay algunos gobiernos municipales con fondos en cooperativas, pero hay que ver si se puede obligar a esos municipios a retirar sus fondos si son municipios autónomos”, indicó Ortiz.
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