El requisito de ser miembro del Colegio de Abogados para ejercer dicha profesión en la Isla fue derogado por la pasada administración de Luis Fortuño.
En un comunicado de prensa, García Padilla indicó que restablecer
este requisito busca garantizar el acceso a la justicia de las minorías y los más necesitados, pues considera que el Colegio de Abogados de Puerto Rico es el principal proveedor de servicios legales en el país.
“El Colegio es un instrumento necesario para el mejoramiento de la práctica del derecho en Puerto Rico. Para que sea efectivo, es importante que el Colegio esté integrado por todos y todas las practicantes del derecho”, explicó el mandatario en declaraciones escritas.
La medida deroga las Leyes 121 y 135 de 2009 e incorpora un nuevo artículo a la Ley Núm. 43 para crear el Fondo de Acceso a la Justicia. Este fondo tiene como propósito primordial ayudar a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas que por razones económicas no puede sufragar representación legal.
De otra parte, cumpliendo con el espíritu inclusivo que ha caracterizado a dicha entidad, el proyecto de administración dispone que se cambie el nombre de la institución a “Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico”.
El gobernador señaló que también envió para consideración legislativa un anteproyecto que restablece el requisito de membresía al Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría en la Isla. Los notarios están investidos de una función pública permanente que aporta imparcialidad y legitimidad a las transacciones que ante ellos se otorgan, por lo que esta medida persigue brindar mayor seguridad en el tráfico jurídico.
“Como abogado y colegiado activo entiendo la función imprescindible que tiene en el quehacer jurídico y en nuestra sociedad el Colegio. Es por esto que me comprometí a devolverle su sitial en Puerto Rico y lo estamos cumpliendo. Con esto buscamos poner fin a la legislación de castigo que la pasada administración le impuso a esta admirable institución”, destacó García Padilla, quien en el pasado integró varios comités de trabajo en el Colegio.
García Padilla recordó que, en el cuatrienio pasado, Fortuño y la mayoría legislativa eliminaron la colegiación compulsoria, el requisito de ser colegiado para practicar la notaría y despojaron al Colegio de ingresos que se designaban para servicios de la profesión y para la comunidad puertorriqueña.
Añadió que para devolverle las herramientas de recaudo al Colegio, en abril de este año dio paso a tres leyes: la Ley 4 de 2013 que estableció que los expedientes de los letrados pertenecen al Colegio; la Ley 5 que devolvió la facultad de expedir fianzas notariales y la administración del Fondo de Finanzas Notarial; y la Ley 6 que restituyó a la centenaria institución la facultad de recibir los ingresos producto de la venta del sello notarial.
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