El Senado llevará a votación hoy un proyecto de reforma legislativa repleto de lagunas y que, lejos de transformar el funcionamiento actual de la Asamblea Legislativa, mantiene casi inalterada la estructura de esa rama de gobierno.
El proyecto no solo es ambiguo en la definición misma del legislador ciudadano, sino que se queda corto para explicar en detalle otros compromisos programáticos, como la adopción de un Código de Ética estricto y reducir el presupuesto legislativo en 30%.
La propuesta adoptada por la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Reforma Legislativa define “los contornos del concepto de legislador ciudadano”, que mantiene el modelo del legislador a tiempo completo y no ofrece un tipo de variación a los trabajos legislativos de hoy.
“El legislador es legislador 24 horas, es una función dual: la función política y la función parlamentaria”, manifestó el portavoz de la mayoría popular, Aníbal José Torres, durante una conferencia de prensa en compañía de sus correligionarios Miguel Pereira y Ramón Luis Nieves.
Sin embargo, Torres no pudo mencionar una diferencia entre el concepto de “legislador ciudadano” que propone y lo que existe actualmente. Se limitó a decir que el proyecto que considerarán hoy “explica” el concepto, para el que no se había formulado una definición ni siquiera en el programa de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), en el que figura como uno de los compromisos.
“El deber primario del legislador ciudadano durante el término de su cargo electivo será con el ejercicio de sus funciones oficiales y representativas, debiendo asistir con puntualidad a los trabajos del cuerpo y de las comisiones en las cuales sea miembro en propiedad, independientemente de que el cuerpo esté o no en sesión”, reza la pieza legislativa.
Cuando se le preguntó a qué se refería el término “ciudadano” bajo la nueva definición, el portavoz de la mayoría del PPD comentó que los legisladores, “en su función parlamentaria, no dejan de representar políticamente a sus constituyentes”.
El proyecto del Senado sobre la reforma legislativa sustituye la medida que fue aprobada hace varias semanas en la Cámara de Representantes, pero adopta la mayoría de sus disposiciones, al igual que algunas propuestas de las piezas presentadas por el senador popular Cirilo Tirado.
Se quedan con el sueldo
La medida establece, además, que los legisladores devengarán el mismo salario, pero será una sola compensación, pues se eliminarían las dietas y el estipendio de vehículos de motor. Actualmente, los legisladores no reciben esos beneficios, que fueron eliminados por vía administrativa y no mediante una ley.
A pesar de esos recortes, los legisladores podrán continuar recibiendo ingresos extralegislativos de hasta 35% de su salario básico de $73,775 al año, como ocurre al presente. Pero Torres indicó que tomarán medidas más restrictivas para asegurarse de que su desempeño fuera del Capitolio no limite ni menoscabe sus responsabilidades legislativas.
Asimismo, aunque el compromiso del gobernador Alejandro García Padilla incluía la eliminación de la segunda sesión ordinaria, Torres explicó que descartaron esa idea por entender que trastoca el balance de poderes constitucionales al otorgarle mayores facultades a la Rama Ejecutiva.
“No le fallamos al pueblo con esto; le fallamos haciendo lo contrario”, alegó Torres.
El presidente cameral Jaime Perelló dijo por separado que no prevé ningún inconveniente para que la medida del Senado sea ratificada en su cuerpo legislativo debido a la similitud que exhibe esa legislación con la versión cameral.
“Es un proyecto que está muy cercano, básicamente, los mismos conceptos en Cámara. Obviamente, hubo un proceso adicional de vistas publicas, y estamos en comunicación constante ambas delegaciones, ambos presidentes y portavoces, para lograr que se apruebe el proyecto en ambos cuerpos lo más pronto posible”, indicó el líder cameral.
Junto al proyecto sustitutivo de reforma legislativa, Torres presentó una medida que también será considerada durante la sesión de hoy, jueves, para “reestructurar” la Oficina de Servicios Legislativos y convertirla en el Centro Legislativo de Innovación y Presupuesto, que conservará algunas de las funciones de la dependencia actual, pero se compondrá fundamentalmente de empleados permanentes que no estén sujetos a los cambios administrativos, y mantendrá alianzas con instituciones universitarias para “fortalecer” el área de asesoría legislativa.
Asimismo, el portavoz de la mayoría en el Senado anticipó que próximamente someterá las Reglas de Conducta Ética de ese cuerpo, y, como parte del proceso para evaluar querellas éticas contra legisladores, conformarán una comisión especial “de participación ciudadana” con cinco integrantes, que tendrán la tarea de evaluar las quejas y determinar si ameritan o no la intervención de la Comisión senatorial de Ética. Esto también se había hecho en el pasado.
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