La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga supuestas irregularidades de empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) de las cuales no dieron detalles.
“Como es de conocimiento público, la OEG de Puerto Rico se encuentra investigando el asunto relacionado a los funcionarios de la AEP. Han sido varios los planteamientos traídos ante la consideración de la OEG. La oficina tomó conocimiento de los mismos desde el 3 de octubre de 2013”, dijo la portavoz de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez, quien recalcó que la directora ejecutiva de la agencia, Zulma R. Rosario Vega, no haría expresiones sobre este tema.
Preguntada si se estaba investigando corrupción, Rodríguez respondió: “se están investigando todos los asuntos traídos ante la oficina contra funcionarios públicos. No puedo confirmar contra quiénes va la investigación. Sí, es hacia funcionarios de la AEP”.
La información trasciende en momentos en que la exdirectora de la División Legal de la corporación pública, Lisa Durán Ortiz, le imputara al director ejecutivo, Gil A. Rodríguez Ramos, el supuestamente otorgar contratos de manera ilegal y omitirle información a la Junta de Directores. Rodríguez Ramos es el presidente de Servidores Públicos Populares.
Durán Ortiz, quien fue despedida en medio de la denuncia y quien es fiscal del Departamento de Justicia alegó en un informe presentado ante la Junta de gobierno de la AEP que Rodríguez Ramos concedió un contrato a una empresa de artes gráficas por $33,000 sin que tuviera el aval de la División Legal y de la Junta de Gobierno. Aunque el contrato se gestionó en mayo pasado y fue autorizado por el director de la AEP, supuestamente se le pidió a la División Legal que se hiciera de manera retroactiva y se remitió a la agencia una factura de julio de $2,750 por concepto de la modificación del logo de la AEP con motivo de su 55 aniversario. Sin embargo, Durán Ortiz recalcó en el informe que dichos trabajos se hicieron en junio y no en julio.
Además, la abogada le imputa a Rodríguez Ramos el conceder un contrato por representación legal externa al bufete Martínez Luciano & Rodríguez Escudero por $100,000 anuales para "litigios laborales en el foro federal y administrativo federal” pese a que no existe pendiente caso laboral en foro federal alguno. La abogada denuncia que ese bufete representa en su carácter personal al subdirector ejecutivo de la AEP, Iván Toledo Colón en una demanda que este mantiene contra el gobierno.
Estas denuncias se unieron a las que hicieran hoy tres grupos sindicales de la AEP quienes pidieron la renuncia de Rodríguez Ramos por entender que se han cometido irregularidades bajo su administración.
La Junta de Gobierno de la AEP tiene ante su consideración el informe de la abogada Durán Ortiz en el que se acusa al director ejecutivo de la AEP, de las supuestas irregularidades.
El presidente de la Junta de Gobierno de la AEP, José Izquierdo, dijo que esta misma semana tomarán una determinación sobre las imputaciones al director ejecutivo. De inmediato dio la bienvenida a la pesquisa de la OEG.
“Desconocía de esa investigación. No se me ha comunicado nada. Pero bienvenido el proceso de ética gubernamental para el saneamiento de la administración pública”, dijo Izquierdo.
Rodríguez Ramos ha negado las imputaciones de la abogada en un informe separado. No contestó llamadas a su celular para reaccionar a la pesquisa de la OEG.
La Junta de Gobierno de la AEP recibió el informe final de una auditoría que ordenó en la que se concluye que no se actuó a tono con las normas de sana administración y que el asunto debe ser referido a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para la acción que corresponda.
Izquierdo dijo que tras una reunión con el auditor a cargo de la auditoría “surgieron unas interrogantes sobre el reglamento de auditoría de la agencia y queremos estar claros”. Sin embargo, no quiso dar detalles de cuáles son las interrogantes ni cuándo la Junta actuará sobre las imputaciones.
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