Más allá de los encontronazos entre el alto liderato del Gobierno en torno a la forma de recaudar más de $1,400 millones en contribuciones para el próximo año fiscal, está el hecho de que no se pueden realizar recortes adicionales al presupuesto sin afectar servicios esenciales.
La situación fiscal de Puerto Rico es más precaria que la que contempla el propio documento del presupuesto que el gobernador Alejandro García Padilla presentó ante la Legislatura. Y pese a las alegaciones oficiales de un presupuesto balanceado, el Gobierno cargará el próximo año fiscal
con un déficit de $775 millones por el “servicio de la deuda” que aún no se sabe cómo se pagará o manejará, admitió el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas Quiñones.
Tampoco se ha descifrado cómo se manejará la deuda de más de $2,200 millones de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), cuyos ingresos se han reducido con la privatización de una de sus principales vías: la PR-22.
En este contexto, y faltanto tres semanas para que culmine el año fiscal, el liderato político de Puerto Rico busca la manera de cuadrar el presupuesto. Lo anterior ocurre mientras economistas advierten que la recesión criolla podría empeorar si no se toman medidas adecuadas.
Por el momento, como soluciones concretas, los distintos componentes gubernamentales han propuesto controlar la evasión y aumentar los recaudos. Pero las dudas persisten. No hay certeza de que las iniciativas pendientes en contra de la evasión contributiva puedan traer un balance entre los recaudos y las obligaciones del Gobierno que, en medio de las batallas de nuevos impuestos, está al borde de una nueva degradación que enviaría el crédito estatal a niveles de chatarra.
Pero la estrechez no se queda ahí. El gobernador García Padilla, por ejemplo, tiene apenas $200 millones para implantar su política pública y sus cuantiosas promesas de campaña que incluían sensores de disparos en las comunidades, un “agresivo” programa de medicación de la droga, la activación de la Guardia Nacional para evitar el narcotráfico y una renovación de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) con los helicópteros y aviones que necesitan, entre otras iniciativas, estimó Rivas Quiñones. Esta cifra de $200 millones, por ejemplo, representa un 2% del Fondo General y menos de una cuarta parte del presupuesto actual del municipio de San Juan. Los acuerdos laborales son de los pocos contemplados en el presupuesto y el dinero sale de los ahorros en contratos y servicios en las agencias del Gobierno.
“Aquí nadie está celebrando el presupuesto. Los jefes de agencia no estaban en las vistas complacidos por lo que tenemos, pero es esto o dejar de pagar la deuda, o dejar que el Sistema de Retiro quiebre o despedir empleados públicos, pero esa no es, y estoy seguro de que no es la política pública de este gobierno”, dijo Rivas Quiñones.
El despido de empleados públicos no es una solución ni desde el punto de vista teórico, alegó el director de la OGP. Actualmente, el Gobierno cuenta con alrededor de 70,000 empleados. Tan solo para reducir el déficit de $1,400 millones que cubren las nuevas medidas impositivas –sin contar la deuda que queda pendiente– se necesitaría despedir a alrededor de 30,000 empleados. “Esto dejaría inoperante permanentemente al Gobierno”, dijo Rivas Quiñones.
“Ya estamos en el puro hueso”, dijo por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.
El representante Rafael “Tatito” Hernández señaló que, por el momento, las únicas partidas que se han aumentado son para garantizar el pareo de fondos federales que se habían quedado descubiertos en el presupuesto.
La única grasa detectada hasta ahora, dijo el representante, está en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “No estamos en año electoral y hay menos partidos”, justificó. “Lo otro que podemos manejar son algunas redistribuciones de fondos dentro de las mismas agencias, pero no hay mucho más porque obligatoriamente tenemos que concentrarnos en pagar la deuda”, dijo.
“Cuando uno mira el detalle, el aumento en el presupuesto se va en obligaciones y en mantener operaciones existentes (que antes se financiaron con fondos federales como el programa School Wide del Departamento de Educación). Ya no hay mucho margen prestatario y nos toca pagar”, dijo el presidente de la comisión senatorial de Hacienda, José Nadal Power.
La encrucijada presupuestaria actual, según Rivas Quiñones, fue acelerada por algunas decisiones cuestionables que se tomaron durante el cuatrienio pasado. Por ejemplo, la reforma contributiva implicó una rebaja de recaudos de alrededor de $900 millones.
Por otro lado, la Ley 70 de retiro temprano ha generado, hasta ahora, ahorros menores a los $13 millones, mientras se proyectan desembolsos de beneficios y liquidaciones de $37 millones.
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