Gobernador celebra decisión del Supremo sobre Ley del Retiro

El gobernador Alejandro García Padilla celebró hoy la decisión del Tribunal Supremo de validar la Ley 3, de Retiro.

El Supremo, con voto 5-4, confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestimó la demanda de un grupo de empleados públicos que reclamaba la inconstitucionalidad de la ley.

Los jueces nombrados por el Partido Popular Democrático, Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, y dos de los togados nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, Roberto Feliberti Cintrón y Rafael Martínez Torres, constituyeron la mayoría.

"Concluimos que la Reforma del Sistema de Retiro es constitucional porque, a pesar de que existe un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin", lee decisión del Supremo.

Por su parte, el gobernador, expresó en un comunicado de prensa que “el fallo del Tribunal Supremo devuelve a Puerto Rico la tranquilidad, el sosiego y la confianza de que las tres ramas del estado trabajan para adelantar los intereses del país y que el orden constitucional se mantiene como se concibió”.

“La democracia se construye a diario. A cada generación le corresponde fortalecer la herencia democrática que recibimos de nuestras madres y nuestros abuelos; asegurar que cada día se hace más real la aspiración puertorriqueña de vivir bajo el dictado de la ley y no de las personas. El liderato de los tres poderes del Estado –el Ejecutivo, Legislativo y Judicial– tenemos especial responsabilidad a la hora de impulsar esos compromisos de nuestro país”, agregó.

García Padilla expresó que, culminada la polémica en torno a la reforma de Retiro, llegó momento de promover la inversión y la creación de empleos.

El Tribunal Supremo había estado bajo fuego desde que seis de sus jueces asociados favorecieron declarar inconstitucional, mediante una resolución, parte de la Ley 18 del 15 de mayo de 2013.