Los primeros desajustes con la deuda pública, que hoy día ahoga las finanzas del gobierno y drena la economía del país, llegaron con la primera crisis económica bajo el Estado Libre Asociado.
Apenas se recrudecía la alternancia política luego de la hegemonía del Partido Popular Democrático (PPD). Los cálculos políticos cada vez eran más minuciosos y el gasto para ganar el favor de los votantes comenzaba a tomar fuerzas.
Las opiniones en cuanto a cuándo empezaron los problemas que, acumulados, terminaron en la debacle fiscal de hoy día, varían. Algunos, como el economista Elías Gutiérrez, sostienen que el deterioro comenzó a finales de la década de 1960, cuando el gobierno dejó de tener sobrantes presupuestarios significativos. La mayoría, sin
embargo, marca como un evento determinante el embargo de los países árabes exportadores de petróleo de 1973, que causó una recesión a nivel mundial cuyos efectos se sintieron claros en la Isla con la caída de la industria petroquímica, un aumento drástico en los precios y la pérdida de miles de empleos asalariados.
El entonces gobernador, Rafael Hernández Colón, reaccionó a la situación aumentando la intervención del gobierno en la economía. En un intento por controlar los precios creó una compañía de importación y ventas de productos, compró las Navieras y la Telefónica, aumentando así la nómina del gobierno y añadiendo capas de burocracia.
“La agilidad del gobierno se perdió con los cambios de los partidos... Se comenzaron a multiplicar las agencias y se perdió el control del gobierno”, opinó el presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo Encarnación.
En síntesis, Hernández Colón, usando una serie de préstamos, aumentó la inversión del gobierno en la economía, con la intención de revivirla, siguiendo las teorías del Nuevo Trato y el economista John Kaynes sobre los ciclos económicos que a los políticos les gusta porque justifica el gasto público, dijo Gutiérrez. Esto se pudo hacer por una opinión del Departamento de Justicia que le permitía al gobierno cuantificar el dinero de los préstamos como ingresos.
La teoría es que el gobierno gasta un dólar y el efecto multiplicador que se crea reaviva la economía. “Eso pasa cuando la economía es relativamente cerrada y por eso no cualificamos... Aquí, como es un mercado abierto, lo que pasa es que el gobierno gasta un dólar y por ahí mismo se va del país”, dijo Gutiérrez.
Pero, pronto, los problemas en el presupuesto del gobierno comenzaron a aflorar. La Corporación Azucarera, con la que buscaba revivir este sector agrícola, operaba con pérdidas. Pasó lo mismo con las Navieras y con los servicios de salud que daba el gobierno. De hecho, según el contador Juan Agosto Alicea, la creación de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud como una corporación pública en 1975 fue para que las deficiencias presupuestarias no se reflejaran en el fondo general y no se violara la disposición constitucional de balance presupuestario.
La crisis económica también causaba problema con los recaudos de Hacienda. Es decir, el gobierno no recibía el dinero que necesitaba para operar. Según Jorge Aponte, exjefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la primera deuda extraconstitucional se creó en ese cuatrienio de Hernández Colón en el que se duplicó la deuda pública.
Hernández Colón contrató al economista James Tobin -Premio Nobel de economía en el 1981- quien recomendó, entre otras cosas, controles en el gasto de las corporaciones públicas y la generación de ahorros que fueran usados para incentivar la producción.
El entonces comisionado electoral del PPD, Héctor Luis Acevedo, recordó que, poco antes de las elecciones, el gobernador consultó a miembros de su partido sobre la alternativa de gastar un superávit. El dilema era entre concederles un aumento salarial a los maestros o invertirlo en mejoras que incentivarían la producción, como recomendaba Tobin. El gobernador eligió promover la producción. El PPD perdió las elecciones y los populares culparon esa decisión.
La crisis económica fue superada, entre otras cosas, cuando el Congreso aprobó la Sección 936, que extendía mejores beneficios contributivos a las industrias estadounidenses radicadas en Puerto Rico. Previo a ese estatuto, los incentivos vigentes eran los de la Sección 931 del Código de Rentas Internas federal. También para esos años, se extendieron a Puerto Rico las ayudas económicas conocidas como los cupones de alimentos.
Carlos Romero Barceló entró a la gobernación en el 1977, en momentos en que la economía ya daba señales de estabilización. No obstante, una degradación crediticia poco antes de que entrara al poder, limitó su acceso a los mercados de bonos para pedir dinero prestado.
Romero Barceló comenzó su mandato estableciendo una serie de medidas de austeridad fiscal que buscaron eliminar los números rojos en los libros del gobierno.
Romero Barceló no pudo depender de la emisión de deuda pública en su segundo cuatrienio como gobernador dado que el control senatorial lo tenía el opositor PPD. Las emisiones de bonos, de ordinario, tienen que ser aprobadas por la Legislatura.
Ya sea por la situación que enfrentó como gobernador o por su política de austeridad fiscal, Romero Barceló estabilizó la deuda pública del País. En el 1976, por ejemplo, la deuda consolidada representaba el 74% del Producto Nacional Bruto (PNB). Cuando dejó el gobierno, la relación entre la deuda y el PNB había bajado a 61%.
“Yo creo que la persona que quiera ver cómo se administra un gobierno tiene que mirar cómo Romero Barceló administraba”, dijo Aponte.
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