Aunque la revisión del aparato contributivo figura como uno de los principales mecanismos de esta administración para hacerle frente a la degradación crediticia, el gobernador Alejandro García Padilla aplazó por un año la entrega del informe final que debe rendir el Grupo Asesor de Reforma Contributiva que creó el año pasado para reestructurar el sistema tributario.
García Padilla firmó la semana pasada una orden ejecutiva que extiende hasta el 31 de diciembre de este año el plazo que tiene el grupo especial de trabajo para rendir su informe final sobre el sistema contributivo y los cambios que requiere para, entre otras cosas, frenar la evasión.
Originalmente, el comité creado en agosto debía
someter por escrito sus observaciones y recomendaciones a más tardar el 31 de diciembre pasado.
“En o antes del 31 de diciembre de 2014, el Grupo Asesor de Reforma Contributiva rendirá su informe final al gobernador. Dicho informe final deberá incluir las recomendaciones del grupo asesor sobre los ajustes al sistema contributivo o sobre la propuesta de reforma contributiva, sus posibles impactos y las estrategias para facilitar la implantación de esas medidas”, reza el documento suscrito el miércoles pasado.
El grupo especial de trabajo lo encabeza la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y lo componen, además, los titulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un integrante de la Asociación de Economistas, y dos miembros designados por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, entre otros.
“El Grupo Asesor de Reforma Contributiva se encuentra trabajando arduamente en las tareas encomendadas. Sin embargo, la revisión de nuestro sistema contributivo tiene que ser ponderada para evitar cometer los errores del pasado que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos”, destaca la orden ejecutiva.
Al comité asesor se le ordenó examinar la interacción entre los componentes contributivos estatales y municipales, y su impacto en los individuos y comercios, “evaluar la necesidad de reestructurar, eliminar o ampliar” los elementos del sistema tributario para cumplir las proyecciones de recaudos y promover el desarrollo económico.
El grupo también deberá analizar los diferentes tratos preferenciales y los créditos contributivos existentes para evaluar su permanencia o posible eliminación, y deberá estudiar si el sistema actual es efectivo en fomentar “la justicia contributiva” entre la clase trabajadora y la base productiva industrial y empresarial del País.
Cuando se produjo la degradación de gran parte de la deuda del Gobierno por parte de las agencias calificadoras Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch, García Padilla anunció en un mensaje al País que se proponía revisar el modelo contributivo vigente, y examinar con detenimiento la efectividad del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para auscultar si debe ser reemplazado o modificado.
Según un estudio publicado recientemente por la firma consultora Inteligencia Económica, del economista Gustavo Vélez, la evasión del IVU ronda el 44%, lo que provoca pérdidas anuales al erario que se estiman en $900 millones.
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