Navieros defienden las leyes de cabotaje

La incursión de las navieras internacionales en el transporte de bienes entre Puerto Rico y Estados Unidos no provocaría necesariamente una reducción en los fletes que abarate los costos de la mercancía, afirmó este lunes la Asociación de Navieros al defender las leyes de cabotaje que regulan el tráfico marítimo entre ambos países.

Hernán Ayala Rubio, presidente del organismo que reúne a las compañías transportistas de Estados Unidos, también planteó ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que ninguna de las críticas que por años se han hecho al sistema impuesto por las leyes de cabotaje se fundamenta en datos científicos ni números ciertos.

"Aquellos que critican la Ley Jones alegan en esencia que esta tiene efectos detrimentales sobre la economía de Puerto Rico y que encarece la mayoría de los productos que consumimos. Sin embargo, estas conclusiones no encuentran apoyo en la data real, e ignoran los beneficios directos e indirectos que provee a Puerto Rico el transporte marítimo sujeto al cabotaje", argumentó Ayala Rubio en vistas públicas de la comisión que preside la senadora popular Rossana López.

Afirmó que en torno a la Ley Jones de 1920, que estableció el régimen de cabotaje, se han desarrollado "mitos" y "expresiones pasionales y politizadas" que se alejan de la realidad respecto a la manera en que operan las navieras de Estados Unidos y las compañías de acarreo internacionales.

La medida bajo discusión, de la autoría de López, ordena examinar el informe emitido el año pasado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, en inglés) sobre el impacto económico de las leyes de cabotaje en Puerto Rico.

El líder de los navieros mencionó, entre otras cosas, que en los últimos años el costo de los fletes en importaciones sujetas a las leyes de cabotaje ha mermado, mientras que los precios de las navieras extranjeras ha ido en aumento.

Asimismo, comentó que las navieras con base en Estados Unidos cuentan con 17 embarcaciones dedicadas exclusivamente al tráfico entre la Isla y ese país, lo que permite programar con mayor seguridad los viajes semanales, y le da más certeza a los importadores sobre el transporte de los bienes. En cambio, las internacionales anclan en varios puertos durante un mismo viaje, e incluso podrían transbordar la carga en varios puntos de la ruta antes de llegar a su destino final.

Ayala Rubio también señaló que se desconoce qué efectos tendría en las tarifas de las navieras internacionales las leyes federales que aplican en Puerto Rico si se deroga la Ley Jones o la Isla quedara exenta de su aplicación.

"Si las navieras internacionales entraran al mercado en un escenario de cero leyes de cabotaje, varios de los costos que hoy son más bajos que los de las domésticas terminarían siendo idénticos o mayores. Por ejemplo, las navieras internacionales estarían sujetas a las mismas leyes y reglamentaciones federales tributarias, laborales, migratorias, ambientales, de seguridad, construcción e inspección, que están sujetas las navieras domésticas", dijo Ayala Rubio.

"Como cualquier otra empresa con fines de lucro, el objetivo principal de las navieras internacionales es aumentar sus ingresos. No existe garantía de que la diferencia en gastos operacionales, de haber alguno, necesariamente conlleve la reducción de fletes. Las navieras internacionales no tienen obligación legal o moral de pasar el beneficio de ahorro en sus gastos operacionales a sus clientes", subrayó.

Tanto el presidente de la Asociación de Navieros como el vicepresidente de la entidad, Eduardo Pagán, resaltaron que, cuando la GAO desarrolló su estudio, ninguna de las navieras internacionales sometió comentarios ni información que validara la alegada diferencia entre sus fletes y las empresas estadounidenses, ni que detallaran cómo su entrada en este mercado mejoraría los servicios que recibe la Isla.

"La participación y la información de los operadores internacionales es fundamental para poder entender todo esto", indicó Pagán.

La Ley Jones requiere que toda embarcación comercial que transporte bienes entre los puertos de Estados Unidos, incluido Puerto Rico, sea construida, operada y tripulada por ciudadanos americanos. No obstante, la industria marítima de la Isla recibe naves del extranjero, pero no para servir las rutas hacia suelo estadounidense.