Antes de que termine el mes el gobierno de Puerto Rico espera que el Departamento de Educación de Estados Unidos haya aprobado el plan que persigue flexibilizar la vigencia en la Isla de la reforma educativa federal, que va a requerir una evaluación constante del desempeño del maestro y permitirá recompensar a las mejores escuelas.
Si la ratificación ocurre, se estaría a tiempo para implantar las nuevas estrategias en el año escolar que el sistema de educación pública de Puerto Rico comenzará en agosto.
“Estamos bastante confiados en que la ley que Ningún Niño Quede Atrás es una cosa del pasado para Puerto Rico”, indicó el director de la Oficina de Asuntos Federales del DEPR, Ramón López de Azúa, al señalar que el más reciente borrador del plan del gobierno puertorriqueño – que piensa es “casi final’ – se le presentó a Educación federal hace cerca de una semana.
El gobernador Alejandro García Padilla - quien inicia hoy dos días de reuniones en Washington - tiene previsto, por su parte, reunirse mañana con el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan.
Hasta el presente, el Gobierno federal ha autorizado los planes de flexibilización de 37 estados.
Aunque toda la nueva estrategia del DEPR no se ha hecho pública, el cambio fundamental implicaría dejar atrás el enfoque punitivo de la reforma educativa federal, que durante el gobierno de George W. Bush fue bautizada como la ley Qué Ningún Niño Quede Atrás.
“El interés es concentrarse bien puntualmente en el aprovechamiento académico del estudiante y el vínculo con el maestro”, indicó López de Azúa, quien encabezó reuniones lunes y martes, en Washington, de funcionarios del DEPR con directivos del Departamento de Educación federal, incluida Sylvia Lyles, jefa de Programas de Mejora Académica y Calidad del Maestro.
Bajo el enfoque actual, el 100% de las escuelas en la Isla está bajo planes de mejoramiento vinculados a la reforma educativa federal. “Hay escuelas que tienen 10 años en planes de mejoramiento. Si te fueran a aplicar la ley actual, hace tiempo se habría tenido que cerrar escuelas”, dijo López de Azúa.
En cumplimiento con los requisitos presentados por el gobierno del presidente Barack Obama para flexibilizar la vigencia de la reforma educativa federal, el gobierno de Puerto Rico aceptaría, entre otras cosas, un nuevo sistema de evaluación continua de maestros y directores de escuela, al cual se incorporará el aprovechamiento académico de los estudiantes.
“Tiene que ser una evaluación constante. Si después de tres años en un plan de evaluación y desarrollo profesional el maestro no ha logrado mejorar su práctica, pasa por un proceso por el cual eventualmente puede ser separado de su empleo. El Gobierno federal da flexibilidad en el uso de fondos, pero son mucho más puntuales en las cosas que van al salón de clases”, dijo López de Azúa.
El DEPR deberá además implantar cambios en las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, elevar los estándares de aprendizaje, mayor flexibilidad en el uso de los fondos para servicios educativos suplementarios y una mejor coordinación de la transición de los estudiantes hacia la carrera universitaria.
“En la medida en que una escuela obtenga los mejores resultados en las pruebas puertorriqueñas va a recibir incentivos y fondos adicionales”, señaló López de Azúa.
Las nuevas exigencias a los maestros comenzaron a ser diseñadas durante el gobierno de Luis Fortuño, época en la que se consultó con las organizaciones magisteriales.
Desde el 2011, cuando el propio secretario Arne Duncan visitó Puerto Rico, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha promovido que todas las jurisdicciones presenten iniciativas con la idea de hacer cambios a la reforma educativa federal, sin La tarea de lograr el visto bueno del gobierno federal al plan de flexibilización de la reforma educativa, sin embargo, quedó inconclusa y ha tenido que ser reordenada por el gobierno de Alejandro García Padilla.
Desembolsan millones
López de Azúa encabezó la semana pasada reuniones con Educación federal que estuvieron más centradas en el programa de Centros de Aprendizaje Comunitarios del Siglo 21. “En agosto esperamos poner en marcha cerca de $80 millones en servicios por medio de ese programa”, dijo López de Azúa en torno a una iniciativa que se dedica a promover, después del horario regular de clases, actividades académicas, deportivas y vinculadas a las artes.
Con fondos de la ley federal de recuperación económica (ARRA) que “estaban a punto de perderse”, López de Azúa también prevé que el DEPR obligue unos $140 millones para mejoras a un centenar de escuelas, 52 de las cuales no estaban proyectadas.
Entradas
0 comentarios:
Publicar un comentario