Líderes de organizaciones laborales lanzaron fuertes críticas contra la Asamblea Legislativa por los proyectos de la reforma del Sistema de Retiro y el polémico proceso que se siguió para aprobarlos.
Después de más de siete horas de sesiones legislativas, la Cámara de Representantes aprobó una medida que sufrió enmiendas de última hora y que luego no pasó en el Senado, que se limitó a aprobar su propio proyecto de ley después de las 4:00 de la madrugada.
"Esto demuestra la desorganización del proceso de anoche. También se le criticó a la pasada administración que se legislaba de madrugada, a espaldas del país y vemos como la actual administración repite eso en el Capitolio", manifestó Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), principal gremio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
"Ese proyecto es tan malo, que ni si quiera la Cámara y Senado se pudieron poner de acuerdo", agregó. "Cualquiera de los proyectos que se apruebe, mataría el Sistema de Retiro y sería un golpe a los trabajadores de este país", denunció.
La medida aprobada por la Cámara a la 1:40 a.m. dispone, entre otros cambios, que desde el 1 de julio de 2013, más de 131,361 empleados gubernamentales aportarán al menos 10 % de su sueldo a una cuenta de ahorros para su jubilación.
"Todo esto atenta contra todas las personas que cotizan al Sistema de Retiro", sostuvo Elba Rivera, delegada de la Unión Central de Trabajadores (UCT) en la Administración de Sistemas de Retiro (ASR). "Es un grave error. Esto no va a aminorar ni resolver, como dicen, el problema del Sistema de Retiro", aseguró.
Representantes de diversas organizaciones de trabajadores y pensionados pasaron largas horas durante el día de ayer en el Capitolio cabildeando para evitar que pasara el proyecto.
Aunque los líderes de ambos cuerpos legislativos han asegurado que tienen los votos para aprobar las medidas, la presidenta de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Luisa Jiménez, espera que el atraso en un acuerdo entre Senado y Cámara les dé tiempo adicional para continuar con el cabildeo.
"No hay duda alguna que los trabajadores no tienen culpa de la crisis. Entonces, pretenden, como la pasada administración, que todas las crisis del país las pague el pueblo y los trabajadores. Eso no se puede continuar permitiendo, porque nosotros no hemos causado esas crisis", indicó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
La objeción principal del Senado para no aprobar el proyecto de la Cámara 888 fue una enmienda del representante Charlie Hernández, que ordenaba a la ASR y la Judicatura a no oponerse a demandas que reclamen responsabilidad por la deuda de $2,900 millones en que incurrieron ambas entidades mediante la emisión del "Pension Obligation Bonds" en el 2008.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, lo catalogó como inconstitucional, mientras que la senadora María de Lurdes Santiago dijo que al eliminar la enmienda, lo que se busca es proteger a la casa de corretaje UBS, la cual está inmersa en una demanda de clase en la que los jubilados buscan que respondan por la pérdida de $3,000 millones que Retiro le entregó para invertir en el mercado.
"Están respondiendo a los grandes intereses, a los bonistas, que son los que están determinado cuáles son las reglas que se van a seguir en el país", expresó por su parte Manuel Perfecto Torres, presidente de la UCT.
Mientras, Federico Torres Montalvo, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, adelantó que se están preparando para impugnar la medida en los tribunales.
"Nos acabamos de enterar que el proyecto de la Cámara tiene rasgos de inconstitucional", denunció por su parte Irene Maymí. "En ese sentido, a los verdaderos responsables de quebrar el Sistema de Retiro (UBS) no se les ha hecho nada y se le pretende pasar la factura a los trabajadores. Eso es inaceptable para nosotros".
"No importa el (proyecto) que se apruebe, vamos a ir a los tribunales. Cualquiera es ilegal porque están eliminado un acuerdo que tenemos los trabajadores con Retiro. Aquí las leyes se aprueban prospectivas y esta es la única ley que el Gobierno pretende aprobar retroactivamente", agregó el presidente de la UIA.
Por otro lado, Rivera denunció que la ASR gastará $20 millones en la compra de un programa de computadora para calcular lo que será la pensión de cada empleado público bajo el sistema "híbrido", según lo determine la versión final de la ley.
"Por un lado van a gastar $20 millones y por otro lado Héctor Mayol (administrador de ASR) nos dice que puede trabajar con una plantilla de 200 empleados o menos, o sea que también nos van a botar", afirmó Rivera.Líderes de organizaciones laborales lanzaron fuertes críticas contra la Asamblea Legislativa por los proyectos de la reforma del Sistema de Retiro y el polémico proceso que se siguió para aprobarlos.
Después de más de siete horas de sesiones legislativas, la Cámara de Representantes aprobó una medida que sufrió enmiendas de última hora y que luego no pasó en el Senado, que se limitó a aprobar su propio proyecto de ley después de las 4:00 de la madrugada.
"Esto demuestra la desorganización del proceso de anoche. También se le criticó a la pasada administración que se legislaba de madrugada, a espaldas del país y vemos como la actual administración repite eso en el Capitolio", manifestó Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), principal gremio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
"Ese proyecto es tan malo, que ni si quiera la Cámara y Senado se pudieron poner de acuerdo", agregó. "Cualquiera de los proyectos que se apruebe, mataría el Sistema de Retiro y sería un golpe a los trabajadores de este país", denunció.
La medida aprobada por la Cámara a la 1:40 a.m. dispone, entre otros cambios, que desde el 1 de julio de 2013, más de 131,361 empleados gubernamentales aportarán al menos 10 % de su sueldo a una cuenta de ahorros para su jubilación.
"Todo esto atenta contra todas las personas que cotizan al Sistema de Retiro", sostuvo Elba Rivera, delegada de la Unión Central de Trabajadores (UCT) en la Administración de Sistemas de Retiro (ASR). "Es un grave error. Esto no va a aminorar ni resolver, como dicen, el problema del Sistema de Retiro", aseguró.
Representantes de diversas organizaciones de trabajadores y pensionados pasaron largas horas durante el día de ayer en el Capitolio cabildeando para evitar que pasara el proyecto.
Aunque los líderes de ambos cuerpos legislativos han asegurado que tienen los votos para aprobar las medidas, la presidenta de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Luisa Jiménez, espera que el atraso en un acuerdo entre Senado y Cámara les dé tiempo adicional para continuar con el cabildeo.
"No hay duda alguna que los trabajadores no tienen culpa de la crisis. Entonces, pretenden, como la pasada administración, que todas las crisis del país las pague el pueblo y los trabajadores. Eso no se puede continuar permitiendo, porque nosotros no hemos causado esas crisis", indicó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.
La objeción principal del Senado para no aprobar el proyecto de la Cámara 888 fue una enmienda del representante Charlie Hernández, que ordenaba a la ASR y la Judicatura a no oponerse a demandas que reclamen responsabilidad por la deuda de $2,900 millones en que incurrieron ambas entidades mediante la emisión del "Pension Obligation Bonds" en el 2008.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, lo catalogó como inconstitucional, mientras que la senadora María de Lurdes Santiago dijo que al eliminar la enmienda, lo que se busca es proteger a la casa de corretaje UBS, la cual está inmersa en una demanda de clase en la que los jubilados buscan que respondan por la pérdida de $3,000 millones que Retiro le entregó para invertir en el mercado.
"Están respondiendo a los grandes intereses, a los bonistas, que son los que están determinado cuáles son las reglas que se van a seguir en el país", expresó por su parte Manuel Perfecto Torres, presidente de la UCT.
Mientras, Federico Torres Montalvo, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, adelantó que se están preparando para impugnar la medida en los tribunales.
"Nos acabamos de enterar que el proyecto de la Cámara tiene rasgos de inconstitucional", denunció por su parte Irene Maymí. "En ese sentido, a los verdaderos responsables de quebrar el Sistema de Retiro (UBS) no se les ha hecho nada y se le pretende pasar la factura a los trabajadores. Eso es inaceptable para nosotros".
"No importa el (proyecto) que se apruebe, vamos a ir a los tribunales. Cualquiera es ilegal porque están eliminado un acuerdo que tenemos los trabajadores con Retiro. Aquí las leyes se aprueban prospectivas y esta es la única ley que el Gobierno pretende aprobar retroactivamente", agregó el presidente de la UIA.
Por otro lado, Rivera denunció que la ASR gastará $20 millones en la compra de un programa de computadora para calcular lo que será la pensión de cada empleado público bajo el sistema "híbrido", según lo determine la versión final de la ley.
"Por un lado van a gastar $20 millones y por otro lado Héctor Mayol (administrador de ASR) nos dice que puede trabajar con una plantilla de 200 empleados o menos, o sea que también nos van a botar", afirmó Rivera.
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