Aunque establece unos criterios específicos para conceder alzas salariales a los alcaldes, la Ley de Municipios Autónomos carece de garras suficientes para evitar aumentos de sueldos indiscriminados para los ejecutivos municipales.
Así opinaron hoy algunos alcaldes, como el de Fajardo, Aníbal Méléndez, y el de Bayamón, Ramón Luis Rivera, a su llegada al Departamento de Estado, en el Viejo San Juan, donde fueron convocados los 78 ejecutivos de la Isla para elegir la nueva junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
"La ley, para mí, no tiene garras porque tiene unos criterios, pero no tiene penalidades", dijo Meléndez, quien también criticó que alcaldes recién electos se agencien incrementos de sueldo sin haber probado su capacidad ni su efectividad en el cargo.
En términos similares se expresó Rivera, al afirmar que la Ley de Municipios Autónomos de 1991 provee los parámetros que deben cumplirse para conceder los aumentos salariales, pero no dispone nada sobre las consecuencias que acarrearía incumplir con esos criterios.
Entre las consideraciones que debe tomar la Legislatura Municipal de un pueblo al evaluar si aprueba o no un alza salarial para los alcaldes, figura el presupuesto del municipio y su situación fiscal, la población y si se han ampliado los servicios a los ciudadanos, la complejidad de las funciones y responsabilidades del ejecutivo municipal y que se hayan cumplido todos los controles administrativos que imponen entidades como la Oficina del Contralor, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y el gobierno federal.
Al presente, al menos 16 alcaldes en la Isla han recibido aumentos salariales, algunos de ellos a pesar de arrastrar déficits millonarios en sus municipios.
El alcalde de Bayamón opinó que, de enmendarse la ley para fijar penalidades, estas deben cobijar también a la Legislatura Municipal por ser ese cuerpo el que aprueba el incremento de sueldo.

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